EL ABUSO DE AUTORIDAD

LUIS LAVALLE GUILLEN

CUANDO LOS GOBIERNOS DIGAN LA VERDAD, LA DEMOCRACIA FLORECERÁ.


En el derecho administrativo, el concepto de abuso de autoridad es empleado comúnmente para subrayar el abuso de poder, el abuso de la función pública o sus equivalentes; para el derecho penal es la figura delictiva que envestida en poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley.

En un sentido más estricto, se entiende como el acto doloso que comete cualquier funcionario público en contra de la constitución, así como no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento a este incumbiere.
Este delito tiene varios subtipos de los cuales resaltan los siguientes: A) prevaricación B) cohecho C) tráfico de influencias D) malversación de fondos públicos E) corrupción política.

Prevaricación: es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta.
Cohecho: coloquialmente "coima" o "soborno" es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto.

Tráfico de influencias: La influencia es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) sobre alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en particular.
Malversación de fondos públicos: mal uso o sustracción de recursos públicos por parte de quien los tenga a su cargo o su aplicación a usos propios o ajenos para los que fueron destinados.

Corrupción política es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia.

Estimado lector, después de haber descrito y analizado jurídicamente el abuso de autoridad o abuso de poder como comúnmente se le denomina, podríamos señalar sin temor a equivocarnos que una gran mayoría de servidores públicos de todos los niveles de gobierno desde los más encumbrados políticos como presidente de la republica, secretarios de estado, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y hasta el más humilde servidor en un ayuntamiento han incurrido en algunos de los actos enmarcados en líneas anteriores.

Cabe destacar, hace tan solo hace algunos días en todos los medios de circulación estatal y local se hablaba del agravio cometido por ex alcaldes de distintas ciudades, a los cuales, a través del congreso del estado se les hacían las observaciones a su estado financiero y muchos de ellos el monto del daño patrimonial a las arcas municipales.

Pero lo peor aun es que muchos de ellos no han rendido cuentas, y otros aun no son llamados por las instancias competentes (ORFIS), pues deberían saber que aunque hayan dejado el cargo en manos de un heredero, un amigo, camarada, cómplice, encubridor o compadre, siguen teniendo responsabilidades por dos años, por lo cual se puede ejercer acción penal en su contra por los distintos delitos cometidos. Desde el trafico de influencias hasta el acoso sexual muy común en las dependencias gubernamentales. Sin mencionar las empresas fantasmas, la nomina inflada, jugosos salarios, auto venta de materiales, auto contratos de prestación de servicios, rentas de inmuebles, viajes al extranjero, hospedaje y comida en los mejores lugares, servicio de edecanes.

Es aquí cuando se debe de hacer un llamado a nuestro gobernador, a nuestros diputados federales y locales, para que tomen cartas en el asunto y no sea solo una cortina de humo todo esto de la rendición de cuentas que tanto hablan, si no que se haga realmente una investigación exhaustiva y que se detenga, encarcele y caiga quien caiga del nivel que sea para que no se sigan cometiendo este tipo de arrebatos atroces en contra del pueblo. Que se auditen todos los municipios del estado, sin excepción de ninguno y que esto sea un ejercicio permanente rumbo a la rendición de cuentas y a la transparencia.


¡CONTRA EL PUEBLO, NUNCA TENDREMOS LA RAZÓN!