¿VERDADERO CASTIGO A EX ALCALDES?

IVÁN CALDERÓN

Como si fuera una dolencia general en la mayoría de los municipios de Veracruz, presidentes municipales recién entrados en funciones, se quejan amargamente que los ediles salientes al abandonar las instalaciones del palacio municipal arrasaron hasta con las gomas, lápices y lapiceros, dejando en ceros las cuentas bancarias y con grandes saldos en contra, los cuales están haciendo que a la llegada de la primera quincena de este mes, no se cuenten con los recursos suficientes para hacer frente a los sueldos del nuevo personal de confianza y sindicalizados, entre otros gastos sociales más.
El panorama para los nuevos ediles pinta algo desolador, por que la llegada en su mayoría de las participaciones federales no está alcanzando para empezar a trabajar en forma con sus proyectos productivos, sociales y económicos, dejando así un rezago de funciones de más de un mes y medio, ya que la situación monetaria de los ayuntamientos se viene a componer a finales del mes de febrero, llegando al grado de que algunos munícipes ya se encuentren cabildeando en la legislatura del estado préstamos y adelantos de participaciones con tal de poner en marcha su recientes administraciones.
Lo raro de estos hechos es que son repetitivos y parece un cuento de nunca acabar, por que cada tres años presidentes acusan a ex alcaldes de vaciar cuentas, de robar dinero del pueblo, de vender bienes públicos, de desvíos de recursos, hasta de fraude, sin que ninguna autoridad, ni si quiera el famosísimo Orfis haga algo al respecto.
En los municipios del sur de Veracruz a pesar de los esfuerzos de los anteriores ediles de querer ocultar sus bribonadas, a algunos no les salió la jugada y dejaron una serie de anomalías que están causando sorpresa, enojo e indignación entre los diferentes sectores de la sociedad por el pésimo manejo de los recursos públicos, tal es el caso del turístico municipio de Catemaco donde Jorge González Azamar dejó hecho un completo desastre tanto las instalaciones del ayuntamiento como las cuentas bancarias, misma situación pasa en San Andrés Tuxtla donde a pesar de que no se ha hecho mucho ruido la ex alcaldesa Marina Garay Cabada dejó una gran deuda pública superior a los 30 millones de pesos y los que sumen.
Misma situación pasa en el municipio de Hueyapan de Ocampo donde descaradamente Eulalio Ríos Fararoni cobijándose en las pasadas inundaciones se hicieron perdidizos todos los documentos de tesorería y ahora Gaspar Gómez Jiménez recibió un ayuntamiento en una quiebra total. En Lerdo de Tejada son varios los miles de pesos que el nuevo presidente Gaspar Cruz Peña está pagando como deuda de la anterior administración como prestaciones laborales y pago a proveedores, y ya ni se diga en el municipio de Alvarado donde el ex alcalde Bogar Ruiz Rosas dejó a este puerto lleno de basura, endeudado y estancado, gracias a sus excesos de poder y la nueva presidenta Sara Luz Herrera tuvo que venir a limpiar todo este chiquero.
En fin son muchas las observaciones que se vendrán dando en estos meses, tanto en estos como en las demás alcaldías de esta parte de la entidad y ojala esta vez con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en realidad se le haga justicia al pueblo, por al que parecer con los castigos a los malos presidentes municipales siempre se hace “mucho ruido y pocas nueces”, ya que finalmente gracias a compadrazgos o padrinazgos los presidentes municipales salientes simplemente no les hacen nada.
Es necesario que tanto las mandos administrativos y judiciales de una vez por todas acaben con estos vicios, ya que de no ser así cada final de trienio siempre quedarán impunes toda la serie de delitos denunciados por las propias autoridades municipales entrantes quienes al llegar al palacio municipal empiezan de cero contribuyendo con esto a un lento progreso político, social y económico en esta poblaciones, ya que al inicio de cada administración la única esperanza para un repunte en las arcas municipales es el pago del impuesto predial donde cada día existen más morosos.
Ojala y esta vez el Órgano de Fiscalización Superior, los Diputados Locales y el Gobernador del Estado instruyan un castigo público y ejemplar, para que de esta forma se demuestre principalmente que la administración de Javier Duarte será transparente, honesta, responsable y que jamás se presta al abuso del poder para un enriquecimiento inmoral o ilícito, por que finalmente las pruebas de las fallas, omisiones, o delitos de estos ex alcaldes son viables, palpables y concretas, y desgraciadamente de no ejecutarse un verdadero castigo, estaremos viviendo como siempre….en más de lo mismo…

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